The Constitutional Court supports the constitutionality of the General Law on telecommunications

The Constitutional Court supports the constitutionality of the General Law on telecommunications El Pleno del Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Catalu a contra varios art culos de esta ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado Sentencia en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Catalu a contra los art culos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7; 65; 69.j).6; y, por conexi n, 73 y 74, de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, desestimando el recurso, con la excepci n de la declaraci n de inconstitucional y nulo, un inciso del p rrafo quinto del art culo 34.6 de la Ley, relativo a una regulaci n puntual de un plazo.

La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional dictada el 4 de febrero de 2016, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Generalitat de Catalu a el 5 de febrero de 2015, se ala en los antecedentes que el recurso dividi los preceptos impugnados en dos bloques: el primero integrado por los art culos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7 y 45.4 de la Ley General de Telecomunicaciones, que a juicio del recurrente, vulneraban las competencias exclusivas de la Generalitat sobre ordenaci n territorio, el paisaje y el urbanismo (art culos 149.1 y 5 del Estatuto de Autonom a de Catalu a); y un segundo bloque de preceptos recurridos que incluye los art culos 65, 69.j).6 y, por conexi n, 73 y 74 que infring an su competencia sobre regulaci n y control de los medios de comunicaci n audiovisual (art culo 146 del Estatuto de Autonom a).

Tras recordar la doctrina constitucional en relaci n con supuestos de concurrencia de los t tulos competenciales sectorial (telecomunicaciones), de titularidad estatal y t tulos de car cter transversal u horizontal (urbanismo, ordenaci n del territorio), de titularidad auton mica, el Tribunal se ala en relaci n con el primer bloque de preceptos que no ve una limitaci n vulneradora de dichas competencias auton micas en materia de urbanismo y ordenaci n.

Tampoco aprecia el Tribunal inconstitucionalidad en los art culos del segundo bloque de preceptos impugnados, el 65 y el 69.j).6. y por conexi n, 73 y 74, concluyendo el m ximo rgano constitucional que las competencias auton micas sobre medios de comunicaci n social no incluyen la inspecci n, control y protecci n del uso del dominio p blico radioel ctrico desvinculado de los medios de comunicaci n social usuarios del mismo, de sus t tulos habilitantes y de los contenidos difundidos .

Sin embargo el Tribunal declara inconstitucional y nulo el inciso del p rrafo quinto del art culo 34.6 de la Ley, p rrafo relativo al plan de despliegue o instalaci n de red p blica de comunicaciones electr nicas, que se entender aprobado si la administraci n p blica competente, no ha dictado resoluci n expresa. El Tribunal considera necesario en este caso el establecimiento de la regla general del silencio positivo para garantizar el funcionamiento del sistema, eliminando la incertidumbre asociada a la falta de respuesta. Sin embargo, no ampara la fijaci n del concreto plazo de dos meses dado para la aprobaci n de los planes, contenida en el inciso transcurridos dos meses desde su presentaci n , que considera que vulnera la competencia de la Generalitat en materia de procedimiento administrativo.

La ley tambi n impulsa una simplificaci n administrativa, eliminando licencias y autorizaciones y eliminando cargas administrativas innecesarias e introduce medidas que permiten el acceso a las redes de operadores de otros sectores como el del gas, la electricidad o el transporte en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes.

Por otro lado, refuerza la coordinaci n de los Derechos de Usuarios estableciendo un procedimiento para solucionar las posibles controversias a trav s de una Comisi n Bilateral constituida al efecto. Tambi n refuerza el control del dominio p blico radioel ctrico y modifica otros textos legales como la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci n y de Comercio Electr nico introduci ndose precisiones sobre las cookies.

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